Bogotá D.C., 12 de febrero de 2020

Por razones de seguridad, la Comisión Accidental de Tierras Baldías del Senado de la República no podrá realizar la segunda Audiencia Pública programada en la ciudad de Ocaña (Norte de Santander) que se iba a llevar a cabo el viernes 21 de febrero, en la cual se esperaba contar con la presencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; entidades gestoras catastrales y autoridades agrarias, académicos expertos en asuntos de tierras baldías; gremios y organizaciones campesinas; organizaciones sociales y organizaciones étnicas, entre otras.

Esta comisión rechaza enfáticamente la guerra y todas las afectaciones que genera. Es un hecho conocido que actualmente el EPL y el ELN se han declarado en paro armado indefinido en la zona y se han identificado amenazas, confinamiento y desplazamientos, así como afectaciones a la integridad física, psicológica y al patrimonio de la población civil que habita las veredas principalmente en los municipios de Hacarí, Sardinata, Abrego y La Playa de Belén.

Fuimos informados que el pasado 5 de febrero se instaló un retén en la vía que comunica los municipios de La Playa de Belén y Hacarí; allí se comunicó a los transeúntes que se instalaba el paro armado en la región y la vía fue bloqueada a través de la incineración de algunos vehículos. Lo mismo ocurrió en las vías que conectan al municipio de Ocaña con Convención y Cúcuta.

El día de hoy se han reportado tres nuevos carros incinerados en los municipios de Convención, Tibú y Teorama. Además, este último se encuentra completamente incomunicado junto con el municipio de Convención. A la fecha medios de comunicación informan que producto de la confrontación se ha generado un desplazamiento masivo de alrededor de 300 personas.

Edificio Nuevo del Congreso Cra.7ª.No.8-68 Bogotá, D.C. Por esta razón hacemos un llamado al Gobierno Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Gobernación de Norte de Santander, al Ministerio público y todas las demás entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Comunidad Internacional para que en el marco de sus labores constitucionales y legales garanticen la seguridad de toda la población afectada, disponga de las acciones necesarias para evitar una crisis humanitaria mayor y atienda lo que está sucediendo de manera efectiva.

Audiencia Pública en el Congreso | Víctimas de Anchicayá siguen en la lucha por atentado ambiental
Este miércoles 11 de diciembre comunidades afrocolombianas de Anchicayá (Buenaventura) se darán cita en el Congreso de la República para seguir denunciando las graves afectaciones que sufren desde hace 18 años a causa de la contaminación del Río Anchicayá por parte de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. (EPSA), tras la construcción de la hidroeléctrica en 2001 y que afecta a más de seis mil personas que viven en las riberas de río. 

“Son casi 20 años de impunidad que han vivido estas comunidades por la irresponsabilidad de la empresa española EPSA, al verter, tras la construcción de la represa, más de 500 mil metros cúbicos de lodo y residuos tóxicos al hermoso Río Anchicayá que no sólo es patrimonio de los vallecaucanos, sino que significa la vida y la supervivencia de miles de familias que viven y se alimentan del río desde hace más de 200 años”, dijo el Senador Wilson Arias, del Polo Democrático Alternativo, citante a la Audiencia Pública Víctimas de la represa de Anchicayá.

El Senador Wilson Arias, explicó que en 2001,  cuando se construyó la represa y se produjo el daño ambiental, EPSA ya pertenecía a Unión Fenosa, compañía eléctrica española que se hizo al 65% de la empresa colombiana en el año 2000, mediante un negocio de 225 millones de dólares. Unión Fenosa era también propietaria de Electrocosta-Electrocaribe.  

Hoy, según información de prensa (El Espectador, mayo 26 de 2019), la participación accionaria de EPSA es: Colener S.A.S. (propiedad de Celsia), 50,01 %; Celsia (del Grupo Argos), 13,14 %; Empresas Municipales de Cali, 18,02 %; Corporación Regional Autónoma del Valle del Cauca (CVC), 15,88 %; Banca de Inversión de Bancolombia, 1,96 %, y otros, 0,99 %.

La Audiencia Pública también convocada  por organizaciones sociales como Ríos Vivos, CENSAT Agua Viva, la Organización de Negros Unidos del Río Anchicayá (ONUIRA) y el Consejo Comunitario Mayor de Anchicayá, pretende llamar nuevamente la atención sobre la problemática que viven las poblaciones ribereñas totalmente abandonas por el Estado: El objetivo es buscar alternativas frente a la situación de calamidad y riesgo en que viven las comunidades afrodescendientes afectadas por los vertimientos de la represa del Bajo Anchicayá.     

La comunidad no sólo ha venido denunciando su situación de calamidad pública y la afectación ambiental, las personas se enferman por la contaminación del agua, sufren de hambre, sed y perdieron sus cultivos, sino que emprendió una batalla jurídica contra EPSA  que luego de múltiples palos en la rueda, demoras y arbitrariedades hoy está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el ámbito internacional y del Consejo de Estado, en el ámbito nacional. 

“Nuestra comunidad negra, habitante de las veredas de la cuenca Río Anchicayá que fue uno de los ríos más productivos del Valle del Cauca, hoy pasa hambre, necesidades y enfermedades porque la multinacional mató la cuenca, el Estado nos abandonó y la justicia está en veremos. Nuestros cultivos no prosperan, los peces no llegan y tampoco se da la producción pecuaria. Nosotros no tenemos acueducto, dependemos en un 80% del río que hoy está contaminado y taponado. Sentimos un desprecio total de todas las autoridades que deben ayudarnos”, asegura  Silvano Caicedo, líder comunitario, vicepresidente de ONUIRA y parte de Ríos Vivos

Por los hechos demandados existe toda la posibilidad que la CIDH condene al Estado colombiano por no hacer justicia social y ambiental. Lo anterior implicaría que todos paguemos por los daños ocasionados por una empresa privada (en 2001 cuando se ocasionaron los daños era propiedad de Unión Fenosa - España) y hoy es mixta con una importante participación del Sindicato Antioqueño.

“Este caso de Anchicayá ha tenido una serie de eventos que ha llevado a una dilación injustificada cuando: 1) se profirió en la acción de grupo (2009) la sentencia de segunda instancia favorable a las comunidades, el tribunal administrativo decidió enviar el expediente original al Consejo de Estado, en vez de velar por el pago de la condena y enviar la copia del expediente. 2) se profirió la sentencia de tutela T-274 de 2012 de la Corte Constitucional que anuló la sentencia de segunda instancia, cuando ya estábamos listos para el pago por orden del Consejo de Estado. 3): se profiere la Sentencia Unificadora de Jurisprudencia SU-686 de 2015 por la Sala Plena de la Corte Constitucional que anuló la T-274 de 12 de la misma Corte constitucional y le da plena validez a la sentencia de segunda instancia; estábamos otra vez listos para el pago, pero esta vez un auto del Consejo de Estado ordena suspender el pago de la condena. 4) El Consejo de Estado niega la solicitud de audiencia de conciliación solicitada por las partes porque ya teníamos un acuerdo en cifras y víctimas”, explica el Dr. Germán Ospina, abogado apoderado de las comunidades de Anchicayá.

“Mientras el caso de Anchicayá va y viene en los estrados judiciales y administrativos, la región está sumergida en la pobreza extrema, pasa hambre y sufre la desidia estatal y el abandono. Sus comunidades no cuentan con acueducto, alcantarillado y vías de acceso, entre tanto la justicia sigue sin llegar. Lo más probable es que ahora que la empresa es mixta, con  una participación importante del Sindicato Antioqueño, terminemos como siempre pagando todos el negocio que hacen los privados. Por estas razones, es necesario pensar en otras formas de producir energía en nuestro país, la transición energética no se hace esperar, se requieren soluciones locales y adaptadas a las comunidades para responder a problemas globales”, puntualizó el Senador Arias. 

Comisión de Tierras Baldías del Congreso convoca Audiencia en Boyacá


Tunja, noviembre 28 de 2019

En desarrollo de la agenda establecida, la Comisión de Tierras Baldías hará su primera Audiencia Pública en la ciudad de Tunja, mañana viernes 29 de noviembre en la Curia Arzobispal (Carrera 2 No. 59-390) con la participación de los senadores Wilson Arias (Coordinador de la Comisión), Ciro Ramírez quien lidera la Audiencia en Boyacá y la Senadora Aida Avella.  

“La Comisión de Tierras Baldías es un esfuerzo multipartidista que nace en el marco de las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo con miras a debatir alrededor de las distintas problemáticas, normatividad y políticas sobre la tenencia y usos de la tierra en el país, con miras a construir acuerdos mínimos que contribuyan al trámite de los conflictos históricos que se han desatado a su alrededor”, aseguró el Senador Wilson Arias, quien ha liderado desde el Congreso importantes debates de control político sobre la tierra en Colombia.  

Se espera que en la Audiencia en Tunja así como en las otras cinco programadas para el 2020 (dos ya con fecha, 21 de febrero en Ocaña bajo el liderazgo del Senador Andrés Cristo; 6 de marzo en Barranquilla liderada por el Senador Edgar Palacio), asistan funcionarios y representantes de: Agencia Nacional de Tierras (ANT); oficinas de Notariado y Registro de cada región (ORIP); Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; entidades gestoras catastrales; académicos expertos nacionales e internacionales, en asuntos de tierras baldías; gremios y organizaciones campesinas; organizaciones sociales y organizaciones étnicas, entre otras.

Esta primera audiencia se enfoca en el centro del país, especialmente en el Departamento de Boyacá, región caracterizada por una amplia población que tiene una vocación productiva de carácter agrícola, gran parte pequeños campesinos que han reivindicado su derecho a la producción de alimentos y a la supervivencia a partir de la tierra. La audiencia pretende recoger las problemáticas, los sentires y reivindicaciones de estas poblaciones para comprender las situaciones de tenencia y ocupación de la tierra en esa región.

La Comisión ha definido abordar de manera prioritaria la discusión en torno a la apropiación de baldíos por parte de actores que no son campesinos sujetos de reforma agraria, el catastro multipropósito en el marco del sistema de la administración de tierras baldías del país, la administración de tierras baldías sin transferencia de dominio y las extensiones de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en las distintas regiones.

Para el caso de Tunja está confirmada la presencia de: Defensoría del Pueblo, Dr. Mauricio Reyes; el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Dr. Mauricio Eladio Mejía; Superintendencia de Notariado y Registro, Dr. Jhon Fredy González; la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, Dr. Gabriel Romero; la Procuraduría, Dr. Felipe Clavijo Ospina y la Agencia Nacional de Tierras.

La Comisión Accidental de Tierras Baldías (Resolución No. 273 de 2019) está conformada por Guillermo García Realpe (Partido Liberal), Ciro Ramírez (Partido Centro Democrático), Pablo Catatumbo  (Partido Fuerza Alternativa del Común), José David Name (Partido de la U), Iván Marulanda (Partido Alianza Verde), Temístocles Ortega (Partido Cambio Radical), Edgar Palacio (Partido Colombia Justa Libres), Feliciano Valencia (Lista Decentes), Carlos Eduardo Guevara (Partido Mira), Carlos Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador), María Fernanda Cabal (Partido Centro Democrático), Andrés Cristo (Partido Liberal), Aida Avella (Unión Patriótica) y Wilson Arias (Partido Polo Democrático Alternativo), quien además coordina la Comisión.




Descargar comunicado aquí.


Duras críticas a Fondos de Pensiones Privados
Bogotá, noviembre 27 de 2019. 

La bancada alternativa citó para el próximo jueves 28 de noviembre una audiencia pública sobre la problemática de quienes se consideran víctimas de los fondos de pensiones privados. La iniciativa que tiene origen en la alarmante inconformidad tanto por la expectativa pensional alcanzada, el manejo de los aportes de los trabajadores, la imposibilidad de cambio de régimen y la liquidación de las pensiones en el sistema denominado de ahorro individual.

La audiencia se llevará a cabo en el salón Boyacá del Congreso de la República desde las 7:45 de la mañana, tiene como objetivo escuchar a los trabajadores que manifiestan trampas por falsas promesas, engaño en mesadas adquiridas y elevadas expectativas sobre su futuro pensional y bajas pensiones, entre otras quejas.

“Desde el año 2009 que se acaba Cajanal donde yo trabajaba, nos trasladaron las cotizaciones al Instituto Seguro Social. Pero lamentablemente me entero que no estoy allí afiliado y que por el contrario estoy en el fondo privado Porvenir. Cuestión que nunca me fue notificado y no tenía porque, jamás yo firme alguna afiliación a ese Fondo”, señala Edgar García González un trabajador que denuncia un engaño de Fondo Porvenir.
Por su parte la senadora Aída Avella, una de las convocantes a la audiencia señaló que “Los Fondos Privados de Pensión hoy administran 250 billones de pesos de ahorro de los colombianos y no es suficiente para ellos, quieren quedarse con todos los ahorros de los colombianos, y son los primeros interesados en que la reforma pensional que ha venido anunciando el Gobierno nacional con el jefe de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla se haga realidad en lo inmediato”.

“Cuando se crearon los fondos de pensiones sus asesores fueron a todas las entidades del Estado fueron buscar que nos trasladáramos a los fondos de pensiones, nos dijeron que se acabarían los Seguros Sociales y otros fondos para que nos afiliáramos a sus fondos con el argumento que de no hacerlo la pensión se perdía”, Luz Marina García trabajadora del INPEC.

Para el senador Wilson Arias, del Polo Democrático Alternativo, otro de los convocantes a la audiencia “En Colombia donde la prioridad la tiene el capital privado y en particular el sector financiero, contamos con un régimen pensional totalmente inequitativo: sólo 1 de cada 3 colombianos en edad de retiro cuenta con pensión. Actualmente, el Gobierno Duque y su partido, han planteado que la gente se pueda pensionar, de acuerdo con su capacidad de ahorro. ¿Tienen los colombianos capacidad de ahorro con un salario mínimo que apenas alcanza para comer? Desde el Congreso, hemos venido denunciando que el modelo a imponer por el Gobierno busca la privatización del sistema, el marchitamiento de Colpensiones y la imposición de los Beneficios Ecónomicos Periódicos (BEPS) que incluyeron en el pasado Plan de Desarrollo", señaló.

Otro de los convocantes a la audiencia, el senador por la lista de los Decentes, Gustavo Bolívar afirmó: "Con esta actividad buscamos escuchar la voz de las víctimas de los fondos de pensión: los que reciben pensiones miserables, o caen en las redes burocráticas de los fondos privados de pensiones en las que les aplazan de manera indolente sus pensiones por meses o años. Incluso hay quienes no logran un ingreso digno para solventar los gastos en la vejez."

Finalmente, el Senador Antonio Sanguino, quien tambien invita a los ciudadanos a participar en esta audiencia, explicó que “la audiencia está encaminada en poner en evidencia el fraude y el engaño en el cual han incurrido los fondos privados de pensión en el régimen de capitalización. A las personas se les dieron falsas expectativas para afiliarlos cuando salió la norma correspondiente. Efectivamente se necesita una reforma pensional pero no una que convierta a Colpensiones en un fondo privado ni para eliminar o marchitar el régimen de prima media”. 

Descargar Comunicado aquí.



“No apoyaremos medidas económicas de Duque”, dice Wilson Arias al radicar ponencia negativa al proyecto de Ley de Presupuesto
El Senador Wilson Arias, del Polo Democrático Alternativo y ponente  de la Ley de Presupuesto, radicó hoy nuevamente ponencia negativa al Proyecto del Gobierno Duque, por considerar que va en contravía del bienestar de los colombianos y compromete a las nuevas generaciones con una deuda impagable que crece de manera desmesurada.

“Hemos denunciado que el Gobierno Duque le da en este presupuesto para el 2020 un peso muy importante a la deuda pública, con la asignación más alta $ 54,5 billones, de los cuales $ 28,4 billones se destinarán a la deuda principal y los $ 30,9 billones restantes a pago de intereses”.

Arias ha venido denunciando desde su primera ponencia negativa el Proyecto de Presupuesto que el Gobierno ha destinado exagerados recursos al pago de la deuda pública dejando de lado inversión social en educación, el sector rural y del campesinado y la vivienda, entre otros importantes sectores. “Consideramos que la deuda pública  es ilegítima y pedimos una auditoría internacional de la misma”, apuntó el parlamentario. 

“Son medidas económicas siempre en contravía de la gente, de los jóvenes y trabajadores, de los campesinos y los estudiantes, con un ingrediente adicional y es el desfase en las cifras de crecimiento que presenta el Gobierno: mientras el Gobierno sostiene que el país crecerá al 4%, expertos aseguran que no crecerá por encima del 3,3%. Vemos que la tendencia este 2019 va por 3,05%”, aseguró Arias.

El parlamentario apuntó que por ejemplo en educación se ha dado un pulso importante entre estudiantes y el sector para ganar un pequeño aumento en la base presupuestal que no es suficiente frente al déficit de las Instituciones de Educación Superior (IES), el Ministerio de  Ciencia, Tecnología e Innovación y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y lo negociado con los sectores.  

“Además de los recursos para educación, preocupan los recortes para el campo colombiano, con un 28% menos al Ministerio de Agricultura, -12% a la Agencia de Desarrollo Rural, - 36% al Ministerio de Minas y Energía que afecta directamente los subsidios; y otros tantos como a la cultura y a la vivienda”, señaló el congresista.

Aquí la Ponencia Negativa http://owl.li/GmZM30pIQPV